TAMPA, Fla. (WFLA) –Este miércoles, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en presencia de Nicolás Maduro, anunció la apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que provocó la reacción inmediata del mandatario nacional.
“Respetamos su decisión como Estado. Aunque le hemos manifestado que no la compartimos”. Dijo Maduro en su intervención.
Es la primera vez que esta corte abre una investigación formal en el continente, marcando un precedente en la lucha por los Derechos Humanos en América, como lo afirma Maria Corina Machado, lider de “Vente Venezuela”. “Para mí divide la historia de esta lucha por la libertad de Venezuela y por la región en un antes y un después”.
Una decisión aplaudida por los venezolanos en la Bahía de Tampa como Hernán Lugo-Galicia, reconocido líder de la zona. “Un gran logro para la comunidad venezolana, sobre todo para las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos”.
Una investigación que ha subido las espectativas de líderes como Antonio Ledezma, de “Alianza al Bravo Pueblo”. “Que haya justicia, que esos crímenes no queden impunes y que podamos dar un paso significativo hacia la reconquista de la libertad de Venezuela”.
Según Amnistía Internacional, durante dos meses de protestas del 2017, hubo 120 muertos, 1,958 personas heridas y al menos 5 mil detenidos, una situación que se ha repetido durante décadas.
“Han sido muchísimos años para que el mundo entienda que nosotros no estamos enfrentando políticos malos o políticos corruptos. Son criminales y por lo tanto hay que aplicarles la justicia”, indicó Machado.
Aunque Maduro ofreció colaborar con la investigación, sabe que de demostrarse los delitos será él quien deba enfrentar en primera línea las consecuencias legales. “Hay razones para que Maduro sea condenado porque estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales de más de 3.500 personas”. Dijo Ledezma.
Con la decisión tomada por este alto tribunal internacional, otros paises como Cuba, Nicaragua e incluso Bolivia, podrían enfrentar futuras investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad, cometidos en los últimos años, cambiando completamente el sentido de impunidad denunciado durante décadas en la región.
