MIAMI (AP) — Un empresario acusado de embolsarse millones de dólares provenientes de contratos estatales de Venezuela se reunió clandestinamente con agencias policiales estadounidenses para darles información sobre el gobierno de Nicolás Maduro antes de ser procesado en 2019 bajo cargos de lavado de dinero, según documentos pertinentes a otro caso judicial relacionado contra un profesor de la Universidad de Miami caído en desgracia.

El profesor estadounidense Bruce Bagley, quien antes de ser arrestado en 2019 era un experto en el tema de la delincuencia organizada en Latinoamérica, será sentenciado la semana entrante en un tribunal de Manhattan, con base en acusaciones de lavado de dinero a raíz de pagos por casi 3 millones de dólares que recibió del empresario, Alex Saab.

En su pedido de clemencia, el abogado de Bagley argumentó que a su cliente se le dijo que el dinero, la mayor parte del cual fue depositado en la cuenta bancaria de un intermediario no identificado, era para ocultar pagos a abogados en Estados Unidos que acompañaron a Saab a reuniones en las que presuntamente Saab dio información sobre el gobierno venezolano a funcionarios policiales.

El abogado Peter Quijano escribió en un memorándum de 27 páginas fuertemente censurado y presentado el miércoles que “no ha sido refutado” que Saab y el intermediario crearon “este método de transferencia de fondos a fin de ocultarle al gobierno de Venezuela los pagos de Saab a abogados en Estados Unidos”.

Después de que The Associated Press informara sobre las reuniones, el memorando fue retirado del sumario público por instrucciones del juez Jed Rakoff y luego incluido nuevamente, pero le fueron tachados los detalles de la reunión de Saab con funcionarios estadounidenses.

Saab, un ciudadano colombiano, fue extraditado el mes pasado a Estados Unidos desde Cabo Verde, tras una dilatada batalla legal que mantiene tensas las relaciones entre Washington y Caracas

Estados Unidos ha descrito a Saab como el principal conducto para actos de corrupción en Venezuela, alguien que lucró enormemente con contratos oficiales para importar alimentos, mientras gran parte de la población venezolana pasaba hambre. El gobierno de Maduro lo considera un diplomático venezolano que fue “secuestrado” durante una misión humanitaria que tenía un carácter más urgente debido a las sanciones estadounidenses.

No se sabe exactamente qué se discutió en esas reuniones, que hasta ahora no habían sido divulgadas, ni si Saab ofreció información sólida o si simplemente usó la oportunidad para averiguar sobre las investigaciones que las autoridades estadounidenses han abierto en su contra.

David Rivkin, uno de los abogados de Saab, señaló que era “totalmente falsa” la aseveración de que su cliente hubiera cooperado alguna vez con las autoridades estadounidenses.

“En todo momento, Alex Saab ha sido un ciudadano leal a Venezuela y ha efectuado todas sus actividades con el pleno conocimiento y aval del gobierno de Venezuela”, agregó.

Pero la explicación de Bagley coincide con lo relatado por tres fuentes familiarizadas con la investigación contra Saab, de que éste se reunió con funcionarios federales estadounidenses, inclusive de la DEA, varias veces en Colombia y en Europa, antes de ser acusado en 2019. Las tres fuentes hablaron con The Associated Press a condición de anonimato.

Es común que fiscales federales y agentes estadounidenses se reúnan con sospechosos en otros países, tratando de reclutarlos para que informen sobre delincuentes mayores a cambio de confidencialidad o una posible reducción de condena.

Sin embargo, reunirse con agentes norteamericanos acarrearía riesgos graves para Saab, dadas sus relaciones estrechas con la élite venezolana, incluida la propia familia de Maduro.

La fiscalía federal en Miami acusó a Saab en 2019 de lavado de dinero, en conexión con un ardid de supuestos sobornos que le valió más de 350 millones de dólares provenientes de un proyecto del gobierno venezolano para construir viviendas para sectores de bajos ingresos.

Además, el gobierno estadounidense anterior, encabezado por Donald Trump, le impuso sanciones a Saab en relación con denuncias de que usó una serie de empresas fantasma en distintas partes del mundo —Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Hong Kong, Panamá, Colombia y México— para ocultar enormes ganancias provenientes de contratos de asignación directa para la importación de alimentos a precios inflados que obtuvo mediante el pago de sobornos. Varios socios de Saab, entre ellos un veterano socio de negocios suyo y un gobernador provincial del partido oficialista, fueron procesados el mes pasado, acusados de estar involucrados en esa trama.

Algunos de los contratos de Saab fueron obtenidos pagándoles sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana Cilia Flores, alegó el gobierno de Trump cuando anunció las sanciones. Los tres hijos de Flores —de una relación anterior y apodados comúnmente “Los Chamos” (“los chicos”)— también son investigados desde hace varios años por la fiscalía de Miami.

La fiscalía federal en Miami, encargada de la investigación a Saab, declinó hacer comentarios.

El papel de Bagley en el supuesto ardid de sobornos de Saab parece haber sido relativamente menor.

Rivkin dijo que Saab nunca se reunió con Bagley y ni siquiera trabajó con él en nada. Sin embargo, eso parecería contradecir lo que Saab declaró al periódico El Espectador de Colombia. En una entrevista en abril, Saab dijo que estaba entristecido por los problemas legales de Bagley y que le habían recomendado al profesor de la Universidad de Miami como un experto que podría ayudar a desactivar lo que él veía como una investigación de lavado de dinero con motivos políticos.

Sea cual fuese su relación, el papel de Bagley en la presunta red de sobornos de Saab parece haber sido relativamente menor.

Saab inicialmente contrató a Bagley para que le ayudara a conseguir una visa de estudiante para su hijo y luego le pidió asesoramiento sobre inversiones en Guatemala, según los fiscales. A partir aproximadamente de noviembre de 2017, Bagley empezó a recibir depósitos mensuales de unos 200.000 dólares de una supuesta compañía de alimentos en Emiratos Árabes Unidos. Fondos adicionales fueron transferidos desde una cuenta en Suiza.

Bagley transfirió entonces el 90% de ese dinero a las cuentas controladas por un informante bajo la creencia de que sería remitido a los abogados de Saab en Estados Unidos, pero Bagley retenía el 10% como comisión y siguió aceptando el dinero incluso después de que una de sus cuentas fue cerrada por actividad sospechosa. En total, según la fiscalía, recibió unos 3 millones de dólares.

El nombre del informante fue tachado en el memorándum para proteger su identidad. Pero el año pasado, al declararse culpable en la corte, Bagley lo identificó como Jorge Luis Hernández, alias Boli, un veterano informante antinarcóticos estadounidense de su país natal Colombia, quien también ha servido de intermediario entre narcos y abogados defensores en Estados Unidos.

Bagley, experto en el mundo del hampa colombiana, había ofrecido declaraciones en apoyo a Hernández cuando solicitó asilo en Estados Unidos, argumentando que sería asesinado si era deportado a Colombia, donde tenía vínculos con los paramilitares que controlaban el tráfico de drogas en la costa caribeña.

A lo largo de los años, Hernández ofreció a Bagley cuantiosos contratos para prestar servicios de consultoría a varios políticos latinoamericanos, entre ellos un gobernador en Colombia, Kiko Gómez, vinculado a los paramilitares y un candidato presidencial paraguayo no identificado.

En una ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez Trujillo, aspirante a la presidencia dominicana y nieto del finado dictador de ese país caribeño, Rafael Trujillo. Bagley no lo sabía, pero el encuentro estaba siendo vigilado por instrucciones de fiscales de Nueva York.

“Pero el doctor Bagley, quien no estaba motivado por la posibilidad de ganar un gran monto de dinero, rechazó la oferta (de Boli) de trabajar para un político cuestionado, frustrando ese particular intento (de Boli) de entregar un indiciado”, escribió Quijano.

Cuando Bagley finalmente cedió a los pedidos de Hernández, pensó que era para proteger a Saab de una posible represalia por parte de personas poderosas en Venezuela en caso de que éstas llegaran a creer que estaba cooperando con las autoridades norteamericanas, dijo el abogado de Bagley.

“La inquietud no era que Estados Unidos se enterara de estos pagos sino de que individuos en el gobierno de Venezuela o su entorno los descubrieran”, escribió Quijano. “Saab coincidió (con Boli) en que su relación financiera podría poner nerviosas a muchas personas poderosas en Venezuela, a la luz de sus relaciones estrechas con funcionarios del gobierno allá. Por esa misma razón Saab no podía pagar directamente a sus abogados en Estados Unidos”.

Sin embargo, los fiscales insisten en que Bagley sabía que los fondos eran producto de la corrupción, sacados de dineros públicos “robados a una de las poblaciones más pobres y más vulnerables del mundo”.

“Sí, es corrupción”, dijo el profesor a Hernández en una conversación grabada en diciembre de 2018, añadiendo que él sabía que Saab estaba profundamente involucrado en la importación de alimentos a nombre del gobierno de Maduro. “Han importado los productos de peor calidad a precios inflados, llenándose los bolsillos”.

Los fiscales argumentan que Bagley, en sus declaraciones a las agencias policiales, no ha mostrado arrepentimiento alguno y que ni siquiera ha reconocido su participación en alguna conducta delictiva. Aun así, le han pedido al juez Jed Rakoff imponerle una sentencia menor a la reglamentaria, de entre 46 y 57 meses de cárcel, debido a su edad (75 años) y su delicado estado de salud.

Bagley se retiró de la Universidad de Miami el año pasado tras una larga carrera como profesor de estudios internacionales. Bagley, como experto en lavado de dinero y crimen organizado, escribió numerosos libros sobre el tema, testificó ante el Congreso y era contratado con regularidad como testigo experto en asuntos judiciales. Como parte de su petición de clemencia, los abogados facilitaron los nombres de 39 individuos a favor de quienes testificó dentro de sus peticiones de asilo o procedimientos de inmigración.